La Comisión Europea examina si Francia cumplió la legalidad y decidió las expulsiones de gitanos rumanos de su territorio examinando los expedientes caso a caso, tal y como determina la normativa comunitaria, o si por el contrario se trata de deportaciones masivas, según apuntaron fuentes comunitarias.

De hecho, Bruselas ha pedido más información a las autoridades galas y espera recibirla mañana viernes, durante la reunión a nivel técnico con representantes del Gobierno galo para recabar detalles sobre la polémica medida.

En concreto, la CE quiere saber cómo aplica Francia la directiva europea sobre libertad de movimiento, si se ha traspuesto de manera adecuada al ordenamiento jurídico interno y si ha habido algún tipo de discriminación.

Además, el presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso, viaja el lunes a París para entrevistarse con el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y este asunto figurará sin duda en la agenda de la reunión.

Los servicios legales y otros departamentos del Ejecutivo comunitario han redactado un informe jurídico preliminar sobre las controvertidas expulsiones, en el que se han incluido las versiones de las delegaciones francesa y rumana que este martes se reunieron con la vicepresidenta y comisaria de Justicia, Viviane Reding. Además, se han tenido en cuenta informes de ONG, según fuentes comunitarias.

El análisis se centra en aclarar si se ha vulnerado el derecho a la libertad de circulación de los ciudadanos de la UE y la Carta de Derechos Fundamentales, pero la CE no quiere hacer público el informe alegando que no contendrá conclusiones sino sólo aspectos generales.

El líder de los socialistas europeos en la Eurocámara, Martin Schultz, criticó hoy la falta de transparencia de la Comisión Europea y censuró la decisión de Reding de no hacer público su análisis sobre el caso francés. "Sorprendente comportamiento de quien se ocupa de los derechos fundamentales", ironizó.

Este martes, tras reunirse con varios comisarios, el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, defendió la política francesa de expulsiones y subrayó que Francia ha respetado "escrupulosamente" las normas comunitarias, pero advirtió de que la libertad de movimiento "no puede ser incondicional".

Por su parte, el secretario de Estado para Asuntos Europeos rumano, Bogdan Aurescu, pidió a Bruselas que estudie si las deportaciones han sido "verdaderamente voluntarias" y acusó a El Elíseo de maquillar las cifras de criminalidad de los deportados para "impresionar a la opinión pública".